Chiapas: frenan denuncias de familias de indígenas desaparecidos

Antonia Hernández López se arrodilló frente al alcalde de Sabanilla, Chiapas, alzó las manos al cielo y, mirándolo de abajo hacia arriba, le suplicó en chol que le dijera dónde denunciar la desaparición de su hijo, Genaro Pérez Hernández, quien dejó de comunicarse en 2012 cuando migró a Estados Unidos. Sin embargo, la mujer indígena fue ignorada.
Semanas antes, había recorrido el municipio, ubicado al norte de Chiapas, sin encontrar alguna oficina de la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición.
No era su obligación saber qué hacer. Las leyes estatales establecen que esta información debe llegar a las comunidades indígenas en su lengua materna, pero esto no ocurre en Sabanilla, de donde es Antonia, ni tampoco en los municipios de San Juan Chamula, Palenque, San Juan Cancuc y Ocosingo, de acuerdo con los testimonios de familias de personas desaparecidas.
Esta investigación periodística documenta que en Chiapas ninguna institución implementa programas de difusión efectivos para informar a las comunidades indígenas qué hacer ante la desaparición de sus migrantes.
De acuerdo con las solicitudes de información realizadas a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, el Congreso local, la gubernatura y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB), esta última es la única que difunde las leyes sobre desaparición de personas, pero solo en dos lenguas de las 12 que existen en la entidad.
Además, señala que durante 2020 y 2021 difundió por internet la legislación, pero siete de cada 10 viviendas del estado no tienen acceso a la red, según el INEGI.
Genaro dejó su pueblo cuando tenía 25 años con la ilusión de construir una casita de cemento porque en su barrio abundan las de tabla, pero el 2 de mayo de 2012 dejó de comunicarse. En esa época, trabajaba en un campo agrícola de Sonora.
Seis meses después, un hombre que aseguró ser su compañero informó por teléfono a Antonia que un cuerpo degollado encontrado en los matorrales se parecía a su hijo.
Cada vez que Antonia contaba esta pista a los funcionarios de la alcaldía, le sugerían ir a Sonora a denunciar.
Pero la mujer ni siquiera pudo imaginar cómo era buscar a un hijo en otro estado, hablando una lengua diferente y sin dinero.
Con las ganancias de la venta de pulseras de ámbar, Nashely, una de sus hijas, viajó a Tuxtla Gutiérrez, capital chiapaneca, a preguntar qué hacer ante una desaparición.
Llegó hasta el Palacio del Gobierno estatal y a la Torre Chiapas, un edificio con varias oficinas gubernamentales, pero las trabajadoras le decían que “ese caso no les interesaba”, que “fuera a denunciar a Sonora” o, simplemente, que “estaban ocupadas”.
Un manual construido por estas reporteras —y sustentado en los protocolos de búsqueda estatal, nacional y de la ONU— señala que cualquier autoridad mexicana debe tomar conocimiento de estas desapariciones, y cuando los denunciantes hablen lengua materna, brindarles un intérprete.
Si estas autoridades no son competentes para iniciar una búsqueda inmediata, deben canalizarla a la Comisión Estatal o Nacional de Búsqueda, a las autoridades ministeriales, de seguridad pública o a los juzgados.
Nashely pudo denunciar hasta seis años después, el 23 de abril de 2018, en la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares de Tuxtla Gutiérrez, asesorada y acompañada por la asociación civil Voces Mesoamericanas.
Ese día, llegó junto con otros indígenas que como ella buscaban reportar la desaparición de sus migrantes, pero no había intérpretes para sus declaraciones y la organización tuvo que llevar los suyos.
Los traductores, médicos forenses, abogados, defensores o agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado no están capacitados ni profesionalizados para intervenir en asuntos jurídicos de comunidades indígenas.
Esta investigación encontró que antes de 2018, el mismo año en que Nashely logró denunciar, la Fiscalía General de Chiapas admitió que no tenía intérpretes contratados; aunque a la fecha hay 11, únicamente hablan tres de las 12 lenguas que hay en la entidad.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) ha certificado a 143 personas que hablan algunas lenguas de Chiapas. Sin embargo, la fiscalía solo emplea a seis.
A la fecha, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no hay registro de quejas contra servidores públicos por discriminar a estas familias de migrantes desaparecidos.
Esta investigación documenta que hay pocas posibilidades de que puedan denunciar, mientras que las cifras extraídas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) confirman un incremento de chiapanecos desaparecidos en la última década.

“Hay muchos lugares, por ejemplo, Los Naranjos, Chachalaca, Barrio Cerrillo, Frontera. Hay muchas colonias donde los jóvenes van a migrar y ya no regresan”, dice Eva, la otra hermana de Genaro, quien por hablar castellano y vivir en la capital asumió la búsqueda.
La fiscalía de Chiapas informó que, de 2012 a 2021, 51 personas de pueblos originarios desaparecieron, mientras que el Registro Nacional reporta solo una.
Una base de datos construida a partir de las cifras de los boletines estatales del programa ¿Has visto A?, cruzadas con el catálogo de municipios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), confirma parte del hallazgo de esta investigación: se encontró que al menos 25 indígenas desaparecieron en México migrando, pero sus familias lograron denunciar hasta años después de su última comunicación.
Los datos revelan que la desaparición de un migrante indígena se registró hasta 19 años después; en otros casos, pasaron 14, 12, seis, cuatro y un año.
Sin embargo, hay indígenas que ni siquiera saben si existe un reporte de desaparición, como el tsotsil Fortunato Hernández Gómez, hermano de Carmela, que fue vista por última vez en mayo de 2019.
La mujer dejó el municipio de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, para ir a Estados Unidos, pero cuando atravesaba el desierto de McAllen, en Texas, desapareció.
Según el ‘pollero’, ya iban para “el otro lado” cuando Carmela fue abandonada porque ya no podía caminar. Con esa información, Fortunato llamó a la embajada mexicana en Texas para saber qué hacer.
Un funcionario le solicitó que enviara por correo electrónico la foto de la desaparecida, una copia de su acta de nacimiento y otra de la CURP, pero semanas después, cuando el hombre acudió a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tuxtla Gutiérrez a preguntar si con eso ya existía una búsqueda, no había intérprete y solo le contestaron “Sí”.
Pero cuando la denuncia la recibe una embajada, como le sucedió a Fortunato, la institución debe ofrecer un traductor e informar de los avances, según el manual de protocolos de búsqueda construido para esta investigación. No obstante, a la fecha, a Fortunato nadie le ha informado si se busca o no a su hermana.
Lee más: Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de incumplimientos e impunidad
Han pasado casi siete meses desde que en la Fiscalía de Desaparecidos de Tuxtla Gutiérrez le dijeron a Eva que un cuerpo hallado en Sonora se parecía a su hermano Genaro. Le pidieron que se fuera a casa porque ahí investigarían, pero a la fecha no le han dicho nada.
Este medio accedió a la recomendación CEDH/004/2019-R, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo a la Fiscalía de Chiapas en el 2019, derivado de una queja que presentaron familiares de siete indígenas migrantes desaparecidos, por la violación al derecho de acceso a la justicia.
El organismo encontró que, durante un año, esta institución mantuvo paradas las investigaciones y no buscó en otro estado a los desaparecidos porque la documentación enviada por los ministerios públicos de Chiapas estaba incompleta.
Las denuncias fueron iniciadas entre 2014 y 2015 como acta administrativa y fue hasta 2019 que se elevaron a averiguación previa.
Por estas violaciones al derecho de acceso a la justicia no hubo servidores públicos sancionados penalmente, de acuerdo al seguimiento que hizo la CEDH.
Desde el 19 de julio hasta el 10 de agosto, estas reporteras buscaron entrevistar al fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, pero su director de comunicación social, Ezequiel Gómez García, no contestó las llamadas ni la solicitud que se hizo por correo electrónico.
A la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda fue imposible localizarla, mientras que Emilio Ramón Ramírez Guzmán, titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas, no atendió la solicitud de entrevista. Para saber la versión del ayuntamiento de Sabanilla, se buscó al actual alcalde, José Darwin González Cabello, pero no respondió a los mensajes.
La activista Sandybell Reyes, integrante de Voces Mesoamericanas, señala que las omisiones hacia las familias de personas desaparecidas ocasionan que la problemática no sea visibilizada.
“Es como si no quisieran que se sepa, lo único que hacen las mamás es llorar la ausencia de sus hijos desaparecidos”, lamenta Eva.
El de Genaro no es el único caso en Chiapas. En una segunda entrega, esta investigación documenta otras historias de migrantes desaparecidos que siguen sin ser localizados por el Estado.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
A Karen Caballero la asaltó una “pesadez inexplicable en el pecho” la noche del sábado 25 de junio de 2022. Los muchachos ya no se comunicaban.
Dos días después, alrededor de las 8:00 de la noche, recibió una alerta noticiosa del canal honduñero HCH en su celular. Decenas de migrantes habían muerto de calor dentro de un camión que fue localizado cerca de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas.
Karen buscó en Google y Facebook los teléfonos de los consulados hondureños en Estados Unidos, de hospitales y comisarías, para averiguar si sus dos hijos y su nuera figuraban en la lista de víctimas.
Eran las 2:00 de la mañana y nadie respondía.
Margie Paz Grajera (24), Alejandro Andino Caballero (23) y Fernando Andino Caballero (18) son tres de los 53 migrantes que fallecieron dentro de un tráiler que trasladaba a 62 personas provenientes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Murieron tras permanecer encerrados dentro de un tráiler a 40 grados centígrados sin ventilación.
“¿Cómo siendo yo una madre tan sobreprotectora, pude dejar que a mis hijos les sucediera lo que les sucedió?, se preguntó Karen en conversación con la BBC. “Si mis hijos no regresaban a las 10:00 de la noche, yo era capaz de salir caminando a buscarlos hasta que me los traía a la casa”.
Karen habla con calma y aplomo, aunque reconoce que no ha tenido tiempo de llorar, desbordada por las llamadas de tantos familiares, amigos y periodistas.
“Cualquiera piensa: ‘A esta mujer no le duele, esta mujer no sufre’. Pero la verdad es que tengo que mantenerme fuerte porque tengo que resolver esto. Como mamá, todavía tengo que traer a mis niños a casa”.
Karen recuerda que Alejandro y Margie se hicieron novios cuando estudiaban juntos en un colegio adventista en Las Vegas de Santa Bárbara, un pueblo ubicado a 200 kilómetros de la capital hondureña de Tegucigalpa.
“El primer año de novios se casaron en el árbol de las bodas del colegio, con anillos de papel. Tenían 17 y 18 años”, cuenta Karen.
Margie ingresó en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Honduras, y Alejandro se inscribió en Mercadotecnia en la Universidad de San Pedro Sula.
Cada día recorrían más de 100 kilómetros hasta San Pedro Sula, un par de horas en autobús que debían tomar durante la madrugada para llegar a tiempo a la primera clase.
“Me iba con Alejandro cuando le tocaba irse en la madrugada para San Pedro. Él me decía: ‘Mamá, me da pena. Yo soy un hombre’. Y yo le respondía: ‘No te tiene que dar pena. Yo soy tu mamá'”.
Margie y Alejandro terminaron la carrera y se quedaron en San Pedro Sula. Seguramente habría más posibilidades de conseguir buenos empleos que en el pueblo. La mejor oportunidad que encontraron fue trabajar como operadores en un call center.
Karen celebró cuando Margie y Alejandro compraron su primer refrigerador. Cada electrodoméstico, cada mueble, reforzaba la convicción de que habían tomado la decisión correcta al estudiar en la universidad y dedicarse a construir una carrera profesional.
Con el paso del tiempo, los sueldos de la pareja se volvieron tan precarios que Karen y su madre, la abuela de Alejandro, replantearon el presupuesto familiar para ayudarlos con víveres y dinero para cubrir la renta cada mes.
La abuela de Alejandro tenía un restaurante de comida buffet en Las Vegas de Santa Bárbara, donde Karen aprendió a manejar el negocio. Luego montó su propio restaurante, pero quebró durante la pandemia por el coronavirus.
La situación económica familiar se estrechó después de la pandemia. Karen debía ayudar a su hija Daniela y a su bebé de siete meses. Fernando, el menor de los tres, decidió abandonar la escuela durante el confinamiento.
A diferencia de sus hermanos mayores, Fernando no quería ir a la universidad. Soñaba con jugar fútbol como Lio Messi. Aunque no se aplicaba en los estudios, Karen admiraba su ambición, un impulso más afín a la mentalidad comerciante de la abuela que a la vocación académica de Alejandro y Margie.
“Imagínese mami, si aquí no hay trabajo para los que estudian, ¿qué me va a quedar a mí que no estudié?”, preguntó Fernando a Karen cuando le contó su intención de emigrar a Estados Unidos.
Aunque sus hijos eran adultos y tomaban sus propias decisiones, Karen sabía que podía persuadir a Fernando para que se quedara en Las Vegas de Santa Bárbara y ayudara en el restaurante de la abuela. Todos habían trabajado alguna vez en la cocina o en la caja registradora del negocio.
Sin embargo, Karen estaba de acuerdo con su hijo. Un mundo de posibilidades se abriría una vez que cruzara la frontera entre México y Estados Unidos.
La propuesta inicial era que Fernando viajara solo. Pero Alejandro y Margie se animaron a acompañarlo.
Alejandro era lo más parecido a un padre para su hermano menor, cuenta Karen a la BBC. Su ecuanimidad y temple lo convirtieron en la persona a quienes todos en la familia acudían cuando había un problema por resolver.
La opción de viajar a Estados Unidos por avión fue descartada desde el principio. Ninguno tenía visa ni dinero suficiente para comprar los boletos. Hicieron una colecta familiar y buscaron a las personas que los ayudarían a llegar a Estados Unidos.
En entrevista telefónica con la BBC, Karen se negó a revelar detalles sobre los arreglos del viaje: cuánto había costado, cómo lo planificaron o cuál era la ruta.
Karen, sus hijos y su nuera tomaron un taxi hasta Guatemala para despedirse antes de que siguieran el trayecto hacia México. Recorrieron la ciudad de Antigua, y quedaron maravillados por la vestimenta de los pueblos indígenas. Se conmovieron al ver cómo las mujeres cargaban a los niños a sus espaldas.
Margie, Alejandro y Fernando siguieron el camino a través de México. Durante 20 días se comunicaron con Karen a través de Whatsapp para ponerla al tanto de las novedades del viaje.
Karen todavía no sabe cuándo serán repatriados los cuerpos a Honduras.
Mientras conversaba con la BBC, recibió una llamada: “Es de la Casa Presidencial de aquí. Yo le devuelvo la llamada”.
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