La Procuraduría busca recuperar activos en Estados Unidos, Panamá y Suiza

Política
Autor:
Adriana Noboa
Actualizada:
16 May 2022 - 0:05
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Adriana Noboa
Actualizada:
16 May 2022 - 9:20
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La Procuraduría General creó la Unidad de Recuperación de Activos en agosto de 2020 y lleva adelante 12 procesos de recuperación, en casos por USD 153,3 millones en reparaciones al Estado. Al momento, en tres de los procesos han recuperado 84 bienes.
El caso Sobornos 2012-2016 ha sido el de mayor impacto, con 71 bienes recuperados en territorio nacional. Solo el 12 de abril pasado, la Procuraduría embargó solares, vehículos, tiendas, restaurantes, cuotas, derechos y acciones de nueve de los sentenciados.
El caso que ahora mantiene la atención de la opinión pública es el del excontralor Carlos Pólit, prófugo en Miami desde 2018 y que está siendo juzgado precisamente en Florida por presunto lavado de activos.
Aunque el Estado ecuatoriano no ha podido todavía recuperar activos trasladados a otros países, la Procuraduría apunta a que el primer caso esté próximo a concretarse, sea desde Estados Unidos o Panamá.
El procurador Íñigo Salvador conversó con PRIMICIAS sobre los detalles del caso Pólit y las expectativas del Estado ecuatoriano:
El proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos es penal, por lavado de activos, que no es otra cosa que utilizar el sistema financiero estadounidense para legitimar dineros que son producto de actos ilícitos, en ese país o en otras jurisdicciones.
Por esa razón le detuvieron y ahora está en proceso de colaboración y será sometido a un proceso abreviado, con una probable reducción de pena. Esto se hará en función de cuán eficaz sea para determinar otras personas involucradas en el lavado de activos, con relación a las actividades que generaron esos dineros que él introdujo en el sistema de ese país.
A la Procuraduría le corresponde tratar de presentarse como víctima o representante de la víctima del Estado ecuatoriano para recuperar, ojalá, la totalidad, pero al menos parte de esos activos.
El ilícito es tal en Estados Unidos que ese país está dispuesto a devolver una parte del dinero, solo una vez que ellos hayan logrado el pago de los gastos en los que han podido incurrir en el procesamiento. Gastos que pueden ser cuantiosos.
Esto es por el solo hecho de utilizar su sistema financiero, más allá de que esos dineros no salen de fuentes estadounidenses, y porque así ha ocurrido en otros casos similares de otros países.
Desde agosto de 2020 nosotros tenemos la Unidad de Recuperación de Activos, que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del correspondiente funcionario de su Embajada en Quito.
Los funcionarios estadounidenses, incluso los del Departamento de Justicia, son muy informales en este tipo de relaciones. Es decir, no es una relación de estar intercambiando oficios o correos electrónicos. Es, generalmente, una relación de levantar el teléfono y decir qué hemos hecho en el caso del señor Pólit.
El Estado ecuatoriano tiene interés en participar en este proceso, entonces el Departamento de Justicia, que es la Fiscalía, nos dice qué posibilidades hay. Además, en días anteriores, ya salió un oficio de la Procuraduría a nuestro contacto en la Embajada pidiéndole que nos deje intervenir en el caso.
Probablemente en los próximos 60 días ya sabríamos cómo podremos intervenir en el proceso.
La primera es que se permita que la Contraloría General del Estado, a través de sus coactivas, cobrar las glosas o exigir las responsabilidades que, probablemente, dieron paso al enriquecimiento del señor Pólit.
Puede ocurrir que pase algo similar a lo que nos ocurrió cuando intentamos intervenir en los casos de Capaya (Carlos Pareja Yannuzzelli), o Álex Bravo, también de lavado de activos con relación a Petroecuador.
Ahí, los jueces estadounidenses ya se pronunciaron diciendo que Petroecuador no puede intervenir como víctima, porque es cómplice como entidad. Porque la corrupción no es solo de uno, dos o tres individuos, sino que se vio que había una estructura paralela o idéntica a la estructura administrativa de la institución.
Espero que ese no sea el caso en la situación de la Contraloría. La segunda alternativa va a ser la que estamos siguiendo en el caso de Petroecuador, que no es tan expedita. Es decir, que el Estado ecuatoriano intervenga para presentarse como víctima en estos procesos.
El grueso de los dineros de la corrupción salen del país, y resulta para los corruptos inseguros mantenerlos aquí. Y la primera jurisdicción a la que se refieren ellos es la de Estados Unidos.
Pero ellos no saben que ese país viene luchando contra el lavado de activos desde hace prácticamente un siglo, con la llegada de las mafias de Chicago. Y, por lo tanto, Estados Unidos tiene los mecanismos para detectar eso.
A veces la gente se pregunta por qué la justicia estadounidense sí puede hacer lo que no puede hacer la justicia ecuatoriana.
Pero es eso, lo que puede hacer la justicia ecuatoriana es lo que está haciendo la Procuraduría, por ejemplo, en la recuperación de activos del caso Sobornos: ir tras los bienes que tienen aquí, pero generalmente son reducidos en cantidad y en calidad, comparado con todo lo que sacaron fuera del país o están a nombre de terceros o son parte de acciones o sociedades.
Lo que nosotros sí podemos hacer aquí termina siendo relativamente reducido. Poco a poco se va consiguiendo algo en varios casos de corrupción.
Creo que sí va a ser más rápido, dado el monto y la representatividad del funcionario en su momento en el Estado ecuatoriano, es muy probable que él sea muy eficiente al involucrar a otras personas, tanto aquí como allá.
En cuanto a tiempos no me atrevo a aventurar un número de días, meses o años (ojalá no). Pero sí creo que, tratándose de un procedimiento abreviado, habrá resultados más pronto que en otros casos.
Probablemente en unos seis meses ya tengamos unos primeros indicios.
Tiene que haber una sentencia que determine quiénes son los responsables y de cuánto estamos hablando. Sin eso no se puede entrar en el proceso de decir ‘esto es de ustedes y con esto pagamos tales conceptos’ y la forma de reembolsar ese dinero.
Además, es posible que también les impongan una multa económica por el delito cometido allá.
Algo del monto grueso de los dineros se quedará en Estados Unidos.
Los USD 40,4 millones es la cifra de la reparación integral que se tiene que pagar al Estado ecuatoriano. La cifra del dinero, efectivamente desviado, puede ser mayor. Y probablemente la sepamos con mayor precisión gracias al proceso en los Estados Unidos, porque ese dinero está allá.
Una vez que haya la sentencia, no debería ser un proceso muy largo. Porque ya a nivel de Estado a Estado, es más bien una gestión de nivel diplomático y habrá que ejercer todos los mecanismos y presión que se pueda directamente con el gobierno de los Estados Unidos.
La intervención en los procesos judiciales es prerrogativa de la Procuraduría. Para la gestión propiamente de cómo, cuándo y dónde (a qué cuentas debe ser trasladado), ahí naturalmente deberá intervenir el Ejecutivo.
Si es que el trámite de alguna manera se entorpece o encuentra alguna traba en los Estados Unidos, deberá intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Embajada en Washington.
Pero nos han dado indicios e, incluso, certezas de que ese dinero podrá recuperarse.
Esa capacidad de gestión del Ejecutivo está influida por una serie de variables. Creo que la relación con Estados Unidos es óptima.
Y, en mucho tiempo, difícilmente, Washington va a tener un aliado en esta parte del continente, cuando al parecer las cosas están cambiando desde el punto de vista ideológico en la región. En su momento, me imagino que eso tendrá algo que ver.
Ahora tenemos otro caso en Panamá, que tiene que ver con Álex Bravo. Ahí es un monto relativamente menor, pero en estos casos no hay montos menores. Estamos hablando de cerca de USD 6 millones.
La Fiscalía del Estado Panameño está del lado del Estado ecuatoriano y ha solicitado que ese dinero sea devuelto al país. Vamos a ver qué dicen los jueces.
En otras jurisdicciones no hemos iniciado aún acciones específicas, porque estamos coordinando con el Centro de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea. Esta es una entidad no gubernamental, muy respetada en el ámbito, y que tiene este centro especializado.
Viajaré allá a finales de mayo para entrevistarme con los altos representantes de la entidad en Suiza. Ellos precisamente nos están asesorando en el caso de Panamá y está yendo por buen camino.
Una vez que ellos nos sugieran y nos orienten por dónde entrar a otras jurisdicciones, lo haremos.
Además, el viaje también será para mantener una reunión con las autoridades suizas. La intención es hacerles saber que, según indicios que poseemos, dineros producto de la corrupción en Ecuador se encuentran en bancos suizos y esperamos la cooperación de la Confederación Suiza para recuperarlos.
Los procesos donde hay intervención judicial o de entidades gubernamentales tienden, generalmente, a ser más lentos de lo que uno quisiera.
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